“Big Beautiful Bill”: sin reducir el déficit, golpea a las familias mexicanas

Durante su segundo mandato, el presidente Donald Trump retomó una de sus propuestas más controversiales: un impuesto sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos al extranjero que, después de una larga discusión en la Cámara Baja, se aprobó, con 215 votos a favor y 214 en contra para quedar en una tasa de 3.5%. Esta medida forma parte del proyecto de ley fiscal llamado "Big Beautiful Bill", que busca mantener los recortes tributarios de su primer mandato y financiar nuevas deducciones. El impuesto a las remesas se justifica como una forma de compensar el déficit fiscal generado por esas políticas y fortalecer la seguridad fronteriza.

Sin embargo, expertos señalan que los ingresos de este impuesto resultan marginales frente al enorme déficit que generarán los planes económicos de Trump. Por ejemplo, la organización llamada “Comité por un Presupuesto Federal Responsable” estima que sus propuestas aumentarán la deuda de EE.UU. en más de 5.4 mil millones de dólares en la próxima década. En contraste, el impuesto a las remesas podría recaudar alrededor de 3,250 millones de dólares anuales, tomando en cuenta solo el dinero enviado a México, principal destino de las remesas desde ese país.

Del lado mexicano, sin embargo, se anticipan serias consecuencias para millones de familias. En 2024, las remesas alcanzaron 64 mil millones de dólares superando los ingresos petroleros. Las remesas sostienen a más de 10 millones de hogares, de hecho, en México más de un tercio de los hogares que reciben remesas residen en localidades de menos de 2,500 habitantes. Según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), en estados como Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Chiapas, las remesas representan entre el 10% y el 14% de su PIB estatal. Un impuesto, entonces, reduciría directamente los ingresos disponibles de esas familias, y limitaría su capacidad para cubrir gastos básicos como salud, educación y alimentación.

Además de afectar más a quienes menos tienen, la medida podría incentivar la informalidad financiera y facilitar actividades ilegales. BBVA México advierte que subir hasta cuatro veces el costo de enviar dinero llevará a muchos migrantes a usar canales fuera del sistema bancario, aumentando el riesgo de fraude y el lavado de dinero por parte del crimen organizado. Esta política destruiría un mercado formal, competitivo y seguro para el envío de remesas, y abriría paso a métodos informales y peligrosos.

La propuesta también se basa en supuestos falsos. Contrario a la idea de que los migrantes indocumentados no pagan impuestos, el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) reporta que en 2022 esos migrantes aportaron 96.7 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales, un promedio de 8,889 dólares por persona. Más de un tercio de ese dinero financia programas como Seguro Social, Medicare y seguro de desempleo, servicios a los que no pueden acceder por su estatus migratorio. Así, el 46% de sus contribuciones estatales y locales provino de impuestos sobre ventas y consumo, el 31% de impuestos a la propiedad y el 21% de impuestos sobre ingresos personales y negocios. Seis estados —California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Nueva Jersey— recaudaron ese año más de mil millones cada uno gracias a los impuestos pagados por inmigrantes indocumentados. El ITEP calcula que, en 40 estados, este tipo de contribuyentes pagó impuestos más altos que el 1% más rico de los hogares norteamericanos y cumplió con sus obligaciones fiscales en mayor proporción que los contribuyentes con mayores ingresos. La razón subyacente radica en que el sistema fiscal de Estados Unidos no está conectado con el sistema migratorio, por lo que los solicitantes de permisos de trabajo, asilo, visas, incluso nacionalidad confían en que sus declaraciones y pagos de impuestos pueden ser un respaldo o evidencia de buena fe y responsabilidad cívica.

Por otro lado, existe la inquietud sobre la sospecha de que una fracción de las remesas enviadas a México podría provenir de actividades ilícitas, aunque no hay consenso sobre su magnitud. Según un informe del think tank mexicano Signos Vitales, en 2022 cerca del 7.6% de las remesas (unos 4,400 millones de dólares de un total de 58,497 millones) podrían haber estado vinculadas a lavado de dinero del narcotráfico. El análisis detectó anomalías como incrementos inusuales desde algunos estados de EE.UU. con poca población mexicana y municipios con más transferencias que hogares registrados. En efecto, investigaciones periodísticas han documentado que cárteles mexicanos, como el de Sinaloa, usan remesas para repatriar ganancias del tráfico de drogas, especialmente fentanilo, mediante transferencias electrónicas, transporte de efectivo y criptomonedas.

Sin embargo, BBVA México señalan que no hay pruebas sólidas para afirmar que el dinero ilícito en las remesas sea un fenómeno generalizado. Más bien, el crecimiento se explica por la recuperación económica en EE.UU. y la mejora del empleo entre migrantes mexicanos. Por su parte, la Fiscalía General de la República reporta solo un expediente relacionado con operaciones ilícitas vinculadas a remesas desde 2013, lo que indica una baja detección oficial.

Aunque existen indicios de que una parte de las remesas pueda usarse para lavar dinero, la mayoría sigue siendo una fuente legítima y esencial para millones de familias mexicanas. Por lo que, en vez de castigar a todos los que sostienen económicamente a comunidades dentro y fuera de EE.UU., lo lógico sería diseñar e implementar una estrategia de seguridad para perseguir los delitos por narcotráfico, y una política de migración que facilite la legalización de los migrantes que acrediten los requisitos de manera clara y rápida.

El mismo estudio del ITEP indica que legalizar laboralmente a todos los inmigrantes indocumentados aumentaría sus aportes fiscales en 40.2 mil millones de dólares anuales, alcanzando 136.9 mil millones en total. De esa cifra, 33.1 mil millones irían al gobierno federal y 7.1 mil millones a gobiernos estatales y locales. Es decir, su inclusión generaría más ingresos que su exclusión.

En suma, la propuesta fiscal subestima la relevancia económica de los migrantes —particularmente los indocumentados— en sectores clave de la economía estadounidense. Una parte del impacto del impuesto de 3.5% sobre las remesas recaerá directamente en quienes las envían, si son ellos quienes absorberán el costo adicional.

Si esta medida avanza en un contexto de desaceleración económica en Estados Unidos, su efecto podría agravarse. Se pierde de vista que lo que pondría en riesgo la capacidad de los migrantes para seguir enviando remesas no es el impuesto en sí, sino una recesión profunda que deteriore su acceso al empleo y reduzca sus ingresos.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.